Y cuando despertaron, las masacres seguían ahí…

Alfonso García Sevilla

Medio centenar de masacres -la más reciente en el municipio de Tonalá, en Jalisco, donde asesinaron a 11 personas- y alrededor de 80 mil mexicanos fallecidos por causas violentas, casi tres veces más que en el gobierno de Calderón y casi dos veces más que con Peña Nieto, es el resultado de los primeros 27 meses de la actual administración federal, que pareciera, al igual que con los gobernadores, no les corre prisa por diseñar modelos de coordinación tendientes a controlar y erradicarla, para ellos es más importante la grilla que el bienestar de la gente.

Hay que recordarles a los titulares del ejecutivo que son los cuerpos de seguridad en sus tres ámbitos de gobierno, los mandatados para mantener el orden público, según lo establece el artículo 21 constitucional “cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Ante la ausencia sistemática de ello, podríamos pensar que estamos al borde de lo que se denomina “Estado Fallido”, el cual se puede definir como:

“Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los Estados fallidos es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentiende con desdén del derecho y los tratados internacionales” (Chomsky, 2007, p. 49).

Aunado a ello, nuestro país enfrenta una grave crisis en materia de protección a los derechos humanos de la población; la impunidad y la corrupción son dos factores que impiden la justicia, por lo que vale la pena preguntarse hasta cuando seguirá la política de “abrazos, no balazos” y la ausencia de voluntad para que los tres ámbitos de gobierno se pongan de acuerdo con una de las obligaciones primarias que les mandata la Carta Magna.

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