La amenaza constante a la mujer durante el período de campañas políticas

Actualmente estamos transitando por uno de los períodos electorales más violentos en la historia contemporánea del país, algunos datos lo refieren como el segundo en esta categoría (el más violento fue en el año 2018), que se agrava más con el acercamiento del cierre de las campañas políticas, que han intensificado los ataques en contra de candidatos y candidatas, especialmente contra estas últimas por las implicaciones socioculturales que facilitan más una amenaza efectiva para disuadirlas o bajarlas de la contienda electoral.

Aunado a lo anterior, el aparato del Estado mexicano que controla en su mayoría el representante del ejecutivo federal ha implementado desde acoso policial, arrestos, investigaciones financieras sin la ejecución de las debidas órdenes correspondientes, detenciones arbitrarias, vinculaciones a proceso fuera de la ley y con carpetas de investigación mal integradas; que han propiciado no sólo presenciar violencia producto de los poderes fácticos, sino también del mismo Estado mexicano.

A mediados del mes pasado, se tenía un registro de 21 aspirantes a cargos de elección popular asesinados y  más de 217 eventos violentos letales y no letales que han dejado  más de un centenar de víctimas pertenecientes a la clase política. Si bien, la pandemia producto del COVID-19 ha jugado un factor relevante al no permitir la presencia de grandes aglomeraciones que incidan en una alta exposición de algunos candidatos, ahora se está recurriendo al mecanismo de la amenaza para generar un daño psicológico a las víctimas, en sus círculos familiares o de amistades, con el objeto de obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas (El Economista, 2021).

Más de la mitad de los hechos de violencia política en el presente período se concentran en siete estados de la república: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco (Animal Político, 2021); pero las zonas en donde más se intensifican son en las serranías. Aquellos lugares que se catalogan como “tierra de nadie”, en los cuales, la fórmula de la paridad de género indujo la postulación de candidatas a diversos puestos de elección popular, específicamente de orden municipal y que la violencia sistemática proveniente del crimen organizado anclado en las comunidades ha inducido a la declinación de varias aspirantes, algunas de ellas provenientes del estado de Sinaloa (El Sol de Mazatlán, 2021).

Cabe destacar que para las mujeres, la violencia de orden físico no sólo es a lo que se enfrentan, sino también a aquella que va desde manoseos en alguna parte íntima de su cuerpo (caso Moreno en Juchipila, Zacatecas), declaraciones denigrantes hacia la persona, boicot al interior de los partidos, reducción de asignaciones presupuestarias con relación a otros candidatos varones, entre otros elementos que coadyuvan a la amenaza constante que sufren las mujeres durante los períodos electorales.

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